¿Puede Centroamérica derrotar al crimen organizado con sanciones y amenazas militares?
Costa Rica acaba de firmar una declaración que convierte la lucha contra el crimen organizado en un asunto de seguridad hemisférica, con…
Costa Rica acaba de firmar una declaración que convierte la lucha contra el crimen organizado en un asunto de seguridad hemisférica, con implicaciones que van desde el congelamiento de cuentas bancarias hasta la posibilidad teórica de intervenciones militares coordinadas. La medida, respaldada por varios países centroamericanos, apunta a 24 grupos criminales específicos y activa por primera vez en décadas el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con fines anticrimen. La pregunta que atraviesa esta decisión no es solo técnica sino existencial para la región: ¿pueden las sanciones económicas y la diplomacia coercitiva frenar estructuras criminales que ya operan como paraestados?
Este movimiento ocurre en un contexto donde Centroamérica enfrenta una paradoja histórica: gobiernos democráticamente electos que carecen del monopolio efectivo de la violencia en vastos territorios. Durante la última década, las organizaciones criminales transnacionales han dejado de ser simples redes de narcotráfico para convertirse en sistemas de gobernanza alternativa, controlando rutas, imponiendo impuestos informales y administrando justicia paralela en comunidades enteras. El Salvador intentó responder con mano dura mediante estados de excepción prolongados; Honduras y Guatemala han visto cómo sus instituciones judiciales son infiltradas o directamente capturadas. Costa Rica, que durante décadas se distinguió por su relativa paz, ahora registra tasas de homicidio que triplican las de hace quince años, con barrios enteros donde la policía entra solo en operativos masivos.
La declaración firmada por Costa Rica no surge en el vacío. Representa la culminación de negociaciones diplomáticas que comenzaron tras la Cumbre de las Américas de 2025, cuando varios mandatarios centroamericanos admitieron públicamente que sus países enfrentaban una crisis de soberanía territorial. El documento propone tres líneas de acción escalonadas: primero, la identificación y congelamiento de activos financieros de 24 organizaciones criminales en todos los países signatarios, incluyendo criptomonedas y bienes raíces; segundo, la restricción de visas y libre tránsito para individuos vinculados a estas estructuras, con listas compartidas en tiempo real entre servicios de inteligencia; tercero, y más controversial, la activación del artículo 6 del TIAR, que contempla medidas que van desde el bloqueo económico hasta el uso de fuerzas armadas conjuntas. Esta última disposición permanece como opción en el papel, pero su sola mención marca un cambio discursivo: el crimen organizado deja de ser tratado como problema policial para ser enmarcado como amenaza a la seguridad colectiva hemisférica.
Los actores involucrados en esta decisión revelan las tensiones internas del proyecto. Costa Rica participa desde una posición defensiva: su clase política teme que la violencia que consume a sus vecinos cruce definitivamente la frontera norte, pero también enfrenta resistencia interna de sectores que rechazan cualquier militarización de la seguridad pública. El país abolió su ejército en 1948 y mantiene esa identidad como parte de su narrativa nacional; invocar un tratado que contempla operaciones militares genera fricción con esa memoria histórica. Otros países signatarios, en cambio, ya han normalizado la presencia militar en funciones policiales y ven en el TIAR una oportunidad para internacionalizar costos que sus presupuestos nacionales no pueden absorber. Estados Unidos, aunque no es parte formal de esta declaración específica, observa con interés: cualquier mecanismo que fortalezca controles fronterizos y desarticulación de redes migratorias vinculadas al crimen se alinea con sus prioridades de seguridad nacional.
Las 24 organizaciones señaladas incluyen tanto estructuras tradicionales de narcotráfico como grupos emergentes especializados en tráfico de personas, extorsión digital y control territorial. Algunas poseen presencia multinacional con células operativas desde México hasta Argentina; otras son más locales pero mantienen alianzas estratégicas con cárteles mexicanos que buscan diversificar rutas ante la presión en su territorio. La lista no ha sido publicada íntegramente por razones operativas, pero fuentes diplomáticas confirman que incluye al menos tres organizaciones con capacidad para mover contenedores en puertos centroamericanos sin intervención aduanal, evidencia de corrupción institucional profunda. El congelamiento de activos apunta justamente a esa infraestructura: empresas fachada, flotas de transporte, inversiones inmobiliarias que permiten el lavado sistemático de capitales ilícitos.
La restricción de visas plantea otro campo de batalla. Varios líderes de estas organizaciones mantienen residencias legales en países con esquemas de ciudadanía por inversión, particularmente en el Caribe y Europa del Este. La declaración busca presionar a esas jurisdicciones mediante acuerdos de cooperación judicial ampliada, aunque el éxito dependerá de voluntades políticas extrarregionales. Históricamente, los paraísos fiscales han resistido presiones similares argumentando soberanía nacional y confidencialidad bancaria; esta vez, los firmantes esperan que la amenaza de ser señalados como facilitadores de crimen transnacional genere suficiente costo reputacional.
Dos escenarios emergen de esta decisión. En el primero, las sanciones logran desarticular parcialmente las finanzas de algunas organizaciones, obligándolas a replegar operaciones o negociar treguas territoriales con gobiernos que ofrezcan amnistías condicionadas; esto generaría una pausa violenta pero no necesariamente paz sostenible, pues nuevas estructuras criminales ocuparían vacíos de poder con rapidez. En el segundo escenario, las organizaciones responden con violencia estratégica dirigida contra objetivos estatales —asesinatos selectivos de fiscales, jueces, policías— para elevar el costo político de mantener la presión; esto podría forzar a gobiernos con instituciones débiles a retroceder o buscar acuerdos informales de no agresión, fragmentando la alianza regional. Un tercer escenario, menos probable pero posible, involucra que algún país invoque efectivamente el componente militar del TIAR tras un evento de violencia masiva, generando operaciones conjuntas que, sin planificación adecuada, podrían derivar en violaciones de derechos humanos y crisis humanitarias.
Lo que esta declaración revela es una admisión implícita: los Estados centroamericanos reconocen que individualmente no pueden enfrentar amenazas criminales que operan con lógica transnacional, presupuestos superiores a los de muchas instituciones públicas y capacidad de adaptación que supera la velocidad burocrática estatal. La pregunta que permanece abierta es si la coordinación regional puede traducirse en acciones operativas efectivas o si, como tantas declaraciones previas, quedará como documento simbólico mientras la violencia continúa dictando la realidad cotidiana de millones de centroamericanos. La historia reciente sugiere cautela: las estructuras criminales han demostrado capacidad para cooptar, fragmentar y sobrevivir a ofensivas gubernamentales que inicialmente parecían decisivas.
Fuentes consultadas
Fuentes
Resumen editorial elaborado por MiHispano+ a partir de las fuentes citadas. Enlazamos siempre al medio original.
