Costa Rica ordena regular paneles solares tras cuatro años
La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobar en un plazo máximo de dos meses las tarifas e instrumentos regulatorios para integrar la energía solar al Sistema Eléctrico Nacional. El tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por tres empresas del sector energético que denunciaron el incumplimiento de la Ley 10.086, vigente desde enero de 2022.
Por qué importa
- Certidumbre para inversores: El vacío regulatorio durante cuatro años ha generado incertidumbre entre empresas y consumidores interesados en instalar paneles solares residenciales y comerciales. La falta de tarifas claras para vender excedentes energéticos a la red desincentivó inversiones privadas en tecnología limpia, afectando el crecimiento del mercado de generación distribuida en Costa Rica.
- Transición energética frenada: La demora impidió que opere plenamente un modelo de generación eléctrica sostenible diseñado para impulsar la descarbonización y diversificación de fuentes renovables. Costa Rica, reconocido internacionalmente por su matriz energética verde, vio limitada su capacidad de aprovechar el potencial solar distribuido que la legislación prometía desarrollar desde 2022.
- Regulación fragmentada: Ante la ausencia de normativas oficiales, distribuidoras eléctricas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) crearon sus propios reglamentos, imponiendo requisitos y pagos no uniformes que complicaron la conexión de sistemas solares privados al sistema nacional, generando barreras para abonados residenciales y pequeños comercios.
Contexto del caso judicial
El recurso de amparo tramitado bajo el expediente 26-005612-0007-CO fue presentado por representantes de Materiales Electromecánicos Padilla S.A., Alquiler de Equipo para la Construcción Alco S.A. e Hidromundo Tecnológico Sociedad S.A., todas empresas miembro de la Cámara de Generación Distribuida. Estas compañías argumentaron que la Aresep incumplió los plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables.
La normativa, aprobada en 2021 y efectiva desde enero de 2022, establecía plazos concretos para la autoridad reguladora: seis meses para aprobar tarifas de servicios auxiliares (vencidos en julio de 2022) y doce meses para emitir tarifas e instrumentos regulatorios completos (vencidos en enero de 2023). Esta ley revolucionaria permite a abonados residenciales y comerciales generar electricidad mediante paneles solares y vender sus excedentes a la red eléctrica nacional, fomentando la generación distribuida como complemento al sistema centralizado tradicional.
Según la denuncia de la Cámara de Generación Distribuida, la ausencia de reglamentación oficial llevó a que las principales distribuidoras eléctricas del país implementaran sus propias reglas de manera fragmentada. El ICE, la CNFL y otras empresas distribuidoras establecieron requisitos técnicos, administrativos y económicos diversos, creando un panorama confuso para consumidores y empresas instaladoras. Algunos requisitos incluían pagos adicionales, trámites burocráticos prolongados y especificaciones técnicas que encarecían significativamente la conexión de sistemas solares individuales a la red.
El Tribunal Constitucional reconoció en su resolución del 9 de junio las gestiones administrativas realizadas por la Aresep durante estos años, pero determinó que el tiempo transcurrido resultaba desproporcionado e injustificado. Los magistrados señalaron que la demora mantiene una situación de incertidumbre que afecta tanto a los actores económicos del sector energético como a la aplicación efectiva de una ley diseñada para transformar el modelo eléctrico costarricense hacia mayor descentralización y participación ciudadana en la generación renovable.
La legislación costarricense buscaba posicionar al país como líder regional en generación distribuida solar, aprovechando su reputación como pionero en energías limpias. Costa Rica ha logrado generar más del 98% de su electricidad mediante fuentes renovables en años recientes, principalmente hidroeléctrica, geotérmica y eólica. La expansión hacia la energía solar distribuida representaba el siguiente paso lógico, permitiendo a ciudadanos y negocios convertirse en prosumidores (productores y consumidores) de electricidad limpia.
La resolución constitucional establece que la Aresep no puede seguir postergando la emisión de estas regulaciones sin violar derechos fundamentales de acceso al mercado y seguridad jurídica. El fallo subraya que el retraso impide que opere un modelo normativo orientado a favorecer esquemas de generación eléctrica ambientalmente sostenibles, que son esenciales para alcanzar las metas de descarbonización que Costa Rica se ha fijado para 2050, incluyendo la eliminación completa de combustibles fósiles en transporte y otros sectores.
Implicaciones para el sector energético
La decisión judicial puede catalizar cambios significativos en el mercado eléctrico costarricense. Con tarifas claras y procedimientos estandarizados, se espera un aumento en la instalación de sistemas solares residenciales y comerciales, ampliando la capacidad de generación distribuida del país. Empresas del sector energético podrán planificar inversiones con mayor certeza, mientras que consumidores tendrán reglas transparentes para calcular el retorno de inversión en tecnología solar, actualmente estimado entre cinco y diez años dependiendo del consumo y la ubicación.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre cómo la Aresep equilibrará los intereses de nuevos generadores distribuidos con la sostenibilidad financiera de las distribuidoras eléctricas tradicionales, que argumentan necesitar ingresos por peaje de red para mantener infraestructura. La tarifa de compra de excedentes solares y los cargos por servicios de respaldo serán determinantes para el éxito del modelo. Experiencias en otros países latinoamericanos muestran que tarifas demasiado bajas desalientan inversión privada, mientras que tarifas excesivamente generosas pueden crear subsidios cruzados problemáticos.
Lo que sigue
La Aresep tiene hasta principios de agosto de 2026 para cumplir la orden judicial y publicar las tarifas e instrumentos regulatorios completos. Se espera que la autoridad convoque consultas públicas aceleradas con actores del sector eléctrico, incluidas distribuidoras, empresas instaladoras, asociaciones de consumidores y expertos en transición energética. El cumplimiento del plazo será monitoreado por la Sala Constitucional, que podría imponer sanciones adicionales en caso de nuevo incumplimiento.
Fuentes
Fuentes
Con información de semanariouniversidad.com
