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Desde Centroamérica

La batalla legal por un asiento en la seguridad social de Costa Rica

Por Redacción MiHispano+ 13 de noviembre de 2026
Nuestra síntesis
Qué pasó

El 11 de noviembre de 2026, la exdiputada costarricense Rocío Alfaro Molina ingresó nuevamente un escrito ante la Sala Constitucional. Su objetivo:…

Fotografía ilustrativa · semanariouniversidad.com
Fotografía · semanariouniversidad.com

El 11 de noviembre de 2026, la exdiputada costarricense Rocío Alfaro Molina ingresó nuevamente un escrito ante la Sala Constitucional. Su objetivo: impedir que un decreto gubernamental recién promulgado bloquee su juramentación como representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. La maniobra legal se produjo apenas dos días después de que el Poder Ejecutivo publicara el Decreto N°45985, una reforma al reglamento que regula la elección y nombramiento de representantes laborales y patronales ante el máximo órgano de la institución de seguridad social. Para Alfaro y el movimiento sindical que la eligió, el decreto no es casual: llegó en medio de un conflicto de cinco meses con el Consejo de Gobierno, que aún no la ha juramentado pese a dos sentencias constitucionales que ordenan hacerlo.

La reforma introducida por el Ejecutivo establece mecanismos para designar suplentes, prorrogar nombramientos anteriores y sustituir temporalmente a representantes ausentes en la Junta Directiva. En su escrito ante los magistrados, Alfaro cuestionó que el gobierno pretenda aplicar estas nuevas disposiciones a su caso y advirtió que podrían utilizarse para mantenerla fuera del órgano decisorio de la CCSS. La exlegisladora solicitó específicamente que la Sala adopte medidas inmediatas para evitar que se nombre o sustituya a la representación sindical electa por otra persona distinta. También pidió a los jueces constitucionales que valoren los posibles efectos del decreto sobre el cumplimiento de las sentencias previas relacionadas con su elección sindical.

Un conflicto de cinco meses

La disputa tiene raíces profundas. El 9 de junio de 2026, el Movimiento Sindical costarricense eligió formalmente a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS. Sin embargo, el Consejo de Gobierno no procedió con la juramentación. El silencio del Ejecutivo llevó al caso ante la Sala Constitucional, que emitió dos fallos contundentes. La sentencia N.º 2026-031380 del 13 de agosto y la N.º 2026-038199 del 6 de octubre establecieron que el Consejo de Gobierno debe limitarse a verificar requisitos objetivos de ley, sin sustituir la valoración subjetiva hecha por los sindicatos. Los magistrados fijaron además un plazo para tramitar la juramentación.

Pese a las resoluciones judiciales, el acto de juramentación nunca se convocó. La Junta Directiva de la CCSS ha permanecido con quorum incompleto durante estos meses, afectando la representación sindical en un organismo clave para las decisiones de salud y seguridad social que impactan a millones de costarricenses. En este contexto, el 9 de noviembre apareció el Decreto Ejecutivo N°45985-MP, que modifica sustancialmente las reglas del juego. Según el argumento de Alfaro ante la Sala, esta modificación introduce nuevas exigencias documentales y de acreditación de requisitos que no existían cuando fue electa.

Decreto en el momento crítico

El timing de la reforma reglamentaria generó suspicacias inmediatas. Alfaro y las organizaciones sindicales interpretaron la publicación del decreto como un intento de crear obstáculos adicionales para impedir su incorporación. El nuevo texto establece que el Consejo de Gobierno no formaliza nombramientos hasta cumplir con procedimientos ampliados de verificación. Para la exdiputada, esto equivale a mover las reglas cuando el partido ya está jugándose. En su presentación ante los magistrados, solicitó además que se requiera al Consejo de Gobierno un informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las resoluciones constitucionales, buscando evidenciar la ausencia de avances en su juramentación.

La estrategia legal de Alfaro se apoya en la protección de la cosa juzgada constitucional. Las sentencias previas ya establecieron que su elección fue legítima y que el Ejecutivo no puede aplicar criterios subjetivos para rechazarla. Ahora, con el nuevo decreto en escena, el argumento es que el gobierno intenta rodear esas sentencias mediante cambios normativos que, en la práctica, tendrían efectos retroactivos sobre su caso. Los magistrados deberán determinar si el decreto puede aplicarse a un proceso de elección concluido antes de su promulgación y si su implementación constituye un desacato a las órdenes judiciales anteriores.

Representación sindical en juego

Más allá del caso individual de Alfaro, el conflicto pone sobre la mesa la tensión entre poderes del Estado y la autonomía de las organizaciones sindicales para elegir sus representantes. La Junta Directiva de la CCSS es un espacio de poder real: allí se toman decisiones sobre presupuestos millonarios, políticas de salud, contrataciones y el rumbo de una institución fundamental para Costa Rica. La representación sindical en ese órgano no es meramente simbólica; implica voz y voto en decisiones que afectan tanto a los trabajadores del sistema como a los millones de asegurados.

El movimiento sindical costarricense ha denunciado que la demora en juramentar a Alfaro responde a intereses políticos del Ejecutivo por mantener el control sobre la composición de la Junta Directiva. Desde la perspectiva gubernamental, las nuevas disposiciones del decreto buscarían garantizar transparencia y cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, el hecho de que la reforma apareciera precisamente cuando Alfaro ya había sido electa y respaldada por dos sentencias constitucionales alimenta las interpretaciones de maniobra política. La Sala Constitucional se convierte así en árbitro de una disputa que combina legalidad formal con pugnas de poder institucional.

Un asiento vacío

Mientras los magistrados analizan el nuevo escrito de Alfaro, el asiento sindical en la Junta Directiva de la CCSS permanece vacío. La institución opera sin la representación laboral completa que la ley establece, una situación que se prolonga desde junio. Para el movimiento sindical, cada día sin juramentación es un día de representación negada. Para el Consejo de Gobierno, la aplicación del nuevo decreto podría justificar demoras adicionales o incluso la designación de otra persona bajo los nuevos criterios. La tensión legal se mantiene en un punto crítico, esperando la siguiente jugada de la Sala Constitucional.

El caso ilustra las complejidades del sistema democrático costarricense, donde el equilibrio entre poderes se pone a prueba en disputas concretas sobre nombramientos y representación. Rocío Alfaro, antigua legisladora conocedora de los vericuetos institucionales, enfrenta ahora desde afuera un sistema que parece resistirse a incorporarla. Su batalla legal por un asiento en la seguridad social del país continúa, con el telón de fondo de un decreto que apareció justo a tiempo para complicar su camino. Los próximos movimientos de la Sala determinarán no solo su destino individual, sino también el alcance del poder ejecutivo para modificar reglas que afectan procesos ya juzgados por el máximo tribunal constitucional.

Fuentes

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Resumen editorial elaborado por MiHispano+. Esta pieza no conserva el enlace a su medio original.

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