En las oficinas del Colegio de Abogados y Abogadas, la tensión es palpable. Sobre las mesas se acumulan copias del proyecto de ley que podría cambiar radicalmente el ejercicio profesional en el país. La iniciativa presentada por la diputada Marta Esquivel propone eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones, una medida que ha encendido las alarmas entre los gremios profesionales más importantes del país.
La propuesta legislativa, que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, plantea un giro histórico en la regulación profesional costarricense. Durante décadas, la colegiatura obligatoria ha sido el mecanismo mediante el cual se garantiza que quienes ejercen profesiones como abogacía, contaduría pública, ingeniería y medicina cumplan con estándares mínimos de capacitación y ética profesional. Ahora, ese modelo está siendo cuestionado bajo argumentos de libre competencia y libertad de ejercicio.
La reacción de los gremios profesionales
Tres organizaciones se han pronunciado de manera conjunta y contundente. El Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Federación de Colegios Profesionales Universitarios han emitido advertencias sobre lo que consideran vacíos críticos en la iniciativa legislativa. Según estos gremios, la eliminación de la colegiatura obligatoria dejaría sin mecanismos efectivos de fiscalización y control sobre el ejercicio profesional.
Los representantes de estas organizaciones sostienen que la colegiatura no es simplemente un requisito burocrático, sino un sistema que protege tanto a los profesionales como a los ciudadanos que requieren sus servicios. A través de los colegios profesionales se establece un régimen disciplinario que puede sancionar mala práctica, se garantiza la actualización continua mediante programas de educación profesional y se verifica que quienes ejercen cuenten efectivamente con los títulos académicos correspondientes.
Los argumentos a favor del cambio
La diputada Marta Esquivel, impulsora de la iniciativa, ha defendido el proyecto argumentando que la colegiatura obligatoria representa una barrera de entrada artificial al mercado laboral. Desde su perspectiva, obligar a los profesionales a inscribirse y pagar cuotas mensuales a los colegios profesionales limita la libre competencia y encarece los servicios profesionales sin que exista una justificación clara de beneficio público.
El debate no es nuevo en la región. Varios países latinoamericanos han flexibilizado o eliminado la colegiatura obligatoria en años recientes, argumentando que los títulos universitarios y las leyes generales de protección al consumidor son suficientes para garantizar servicios profesionales de calidad. Sin embargo, los detractores señalan que en esos países han aumentado los casos de fraude profesional y ejercicio ilegal de profesiones.
Qué está en juego
Para los colegios profesionales, lo que está en riesgo va más allá de su propia existencia institucional. Advierten que sin un ente regulador específico, no habría manera efectiva de verificar que quienes se presentan como abogados, contadores o ingenieros efectivamente posean los títulos universitarios que dicen tener. Tampoco existiría un mecanismo ágil para sancionar a quienes incurran en mala práctica profesional, dejando a los ciudadanos con el único recurso de procesos judiciales largos y costosos.
El sector de la contaduría pública es particularmente sensible a este cambio. Los contadores autorizados tienen fe pública, lo que significa que sus certificaciones tienen valor legal ante instituciones financieras, autoridades tributarias y tribunales. Sin un colegio profesional que respalde esa fe pública y vigile su ejercicio, argumentan, el sistema perdería credibilidad y podrían multiplicarse casos de fraude fiscal o contable.
El contexto legal costarricense
Costa Rica tiene una larga tradición de colegiatura obligatoria que se remonta a mediados del siglo XX. La Ley Orgánica del Colegio de Abogados, por ejemplo, data de 1941, y establece que ninguna persona puede ejercer la profesión de abogado sin estar incorporada al colegio respectivo. Normas similares rigen para médicos, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos y otras profesiones consideradas de interés público.
La Sala Constitucional ha avalado en múltiples ocasiones la constitucionalidad de la colegiatura obligatoria, argumentando que se trata de una limitación razonable y proporcionada al ejercicio de la libertad de trabajo, justificada por el interés público en garantizar servicios profesionales de calidad. Sin embargo, el proyecto de ley presentado por la diputada Esquivel busca cambiar este paradigma legal mediante una reforma legislativa que desincorporaría a la mayoría de las profesiones del régimen de colegiatura obligatoria.
Las voces de los profesionales
Entre los profesionales colegiados, las opiniones están divididas. Algunos jóvenes profesionales ven con buenos ojos la posibilidad de ejercer sin tener que pagar cuotas mensuales que pueden representar una carga significativa al inicio de sus carreras. Otros, especialmente quienes han participado en órganos disciplinarios o han sido beneficiarios de programas de capacitación de sus colegios, defienden el modelo actual.
Los colegios profesionales argumentan que sus cuotas no solo financian estructura administrativa, sino también programas de educación continua, asesoría legal gratuita para colegiados, defensa gremial y mecanismos de protección al consumidor como la verificación de títulos y el régimen disciplinario. Sin estos recursos, sostienen, sería imposible mantener esas funciones que benefician tanto a profesionales como a ciudadanos.
El camino legislativo
El proyecto de ley aún debe superar varios trámites legislativos antes de convertirse en realidad. Actualmente se encuentra en etapa de consultas, donde diferentes sectores pueden presentar sus criterios técnicos y legales. Los colegios profesionales han anunciado que presentarán observaciones detalladas y buscarán el apoyo de expertos en derecho constitucional y regulación profesional para fortalecer sus argumentos.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios ha convocado a sus agremiados a participar activamente en el debate público y a comunicarse con los diputados para exponer su posición. Por su parte, organizaciones de consumidores y algunos economistas han manifestado su apoyo a la iniciativa, argumentando que aumentaría la competencia y reduciría costos para los usuarios de servicios profesionales.
Lo cierto es que el debate sobre la colegiatura obligatoria ha puesto sobre la mesa preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre libertad económica y protección del interés público. Mientras los colegios profesionales insisten en que su función reguladora es irreemplazable, los promotores de la reforma sostienen que existen mecanismos alternativos menos restrictivos para garantizar servicios profesionales de calidad. El desenlace de esta discusión marcará el futuro del ejercicio profesional en Costa Rica para las próximas décadas.
Fuentes consultadas
Fuentes
Con información de delfino.cr
