Casi la mitad de los establecimientos comerciales en Costa Rica desarrolla sus actividades al margen del sistema formal, una realidad que refleja tensiones estructurales profundas en la economía centroamericana. La Cámara de Detallistas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han convocado a autoridades, empresarios y expertos para diseñar estrategias de formalización sustentadas en datos empíricos, reconociendo que las soluciones genéricas han fracasado históricamente en transformar un ecosistema donde el 45% de los negocios comerciales opera sin registro oficial, sin protección laboral y sin acceso a mercados formales.
Esta cifra del 45% no es un accidente estadístico sino el resultado acumulado de décadas de políticas económicas que oscilaron entre el rigor fiscal extremo y la tolerancia pragmática. La informalidad comercial en Costa Rica tiene raíces en la crisis de deuda de los años ochenta, cuando miles de familias encontraron en el comercio ambulante y en pequeños negocios sin registro la única vía de supervivencia frente al desempleo masivo. A diferencia de otras economías latinoamericanas donde la informalidad se concentra en sectores específicos, en Costa Rica permea capas diversas del comercio: desde vendedores de frutas en esquinas urbanas hasta distribuidores de productos importados que operan desde locales sin patente comercial.
El modelo costarricense de desarrollo durante las últimas décadas priorizó la atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología y servicios especializados, generando una economía dual. Mientras empresas multinacionales disfrutan de zonas francas con incentivos fiscales generosos, el comercio minorista tradicional enfrenta una carga tributaria y regulatoria que muchos empresarios consideran desproporcionada respecto a su capacidad de generar ingresos. Esta asimetría ha alimentado una percepción extendida de que la formalidad es un lujo reservado para grandes actores, mientras que los pequeños comerciantes perciben el registro formal como una carga que amenaza la viabilidad de sus negocios.
La pandemia de COVID-19 profundizó estas fracturas. Cuando el gobierno decretó cierres temporales y restricciones sanitarias, los comercios formales pudieron acceder a programas de alivio fiscal y líneas de crédito blandas administradas por la banca estatal. Los informales, invisibles para el sistema, no solo quedaron excluidos de esos beneficios sino que enfrentaron mayor presión regulatoria cuando inspectores municipales intensificaron operativos contra vendedores ambulantes para evitar aglomeraciones. Paradójicamente, esta presión no redujo la informalidad sino que la dispersó geográficamente, desplazando vendedores de centros urbanos a zonas periféricas donde la vigilancia municipal es menos efectiva.
Los actores en este escenario tienen motivaciones contrapuestas que complican cualquier estrategia de formalización. La Cámara de Detallistas representa principalmente a comercios establecidos que ven en la competencia informal una distorsión del mercado: los negocios sin registro no pagan impuestos sobre la renta ni contribuciones a la seguridad social, lo que les permite ofrecer precios más bajos. Esta ventaja competitiva, argumentan los formales, erosiona la sostenibilidad de quienes cumplen con todas las obligaciones legales. Por su parte, los comerciantes informales alegan que la formalización implica costos prohibitivos: tasas municipales, permisos sanitarios, declaraciones mensuales de impuestos y contribuciones patronales que consumen márgenes de ganancia ya estrechos.
La OIT ha introducido un enfoque distinto al debate, enfatizando que la formalización no debe entenderse exclusivamente como fiscalización sino como un proceso de inclusión económica. Según esta perspectiva, el objetivo no es criminalizar la informalidad sino crear incentivos reales para que los comerciantes vean valor en el registro formal: acceso a crédito bancario, participación en licitaciones públicas, capacitación empresarial y protección social. Este enfoque choca con la urgencia fiscal del gobierno costarricense, que enfrenta déficits crónicos y presiones internacionales para ampliar la base tributaria. Mientras el Ministerio de Hacienda considera la formalización como una vía para incrementar recaudación, la OIT advierte que imponer cargas tributarias sin fortalecer capacidades empresariales puede profundizar la informalidad en lugar de reducirla.
Las declaraciones públicas de autoridades han oscilado entre el compromiso retórico con la formalización gradual y la amenaza velada de endurecer controles. El ministro de Economía afirmó recientemente que Costa Rica no puede aspirar a integrarse en cadenas globales de valor mientras una porción significativa de su economía opere al margen del sistema formal. Sin embargo, alcaldes de municipios con alta concentración de comercio informal han expresado cautela, señalando que operativos represivos sin alternativas económicas viables generan descontento social y afectan la gobernabilidad local.
Tres escenarios plausibles emergen de esta coyuntura. En un primer escenario, las autoridades optan por una estrategia de formalización gradual con incentivos temporales: exenciones fiscales parciales durante los primeros años, simplificación de trámites mediante ventanillas únicas y programas de microcrédito subsidiado. Este camino requiere coordinación interinstitucional sostenida y recursos presupuestarios que actualmente no están garantizados. Un segundo escenario contempla el endurecimiento de controles municipales y tributarios, con inspecciones más frecuentes y sanciones económicas crecientes, lo que podría desplazar la informalidad hacia actividades menos visibles sin resolver el problema de fondo. Un tercer escenario, menos discutido públicamente pero presente en análisis académicos, sugiere que la informalidad podría estabilizarse en niveles actuales si las autoridades reconocen implícitamente su incapacidad para transformarla a corto plazo, optando por regulaciones pragmáticas que minimicen riesgos sanitarios y laborales sin exigir formalización plena.
El llamado de la Cámara de Detallistas y la OIT a construir rutas basadas en evidencia sugiere un reconocimiento tardío de que las políticas de formalización no pueden diseñarse desde escritorios burocráticos sin comprender las racionalidades económicas que sostienen la informalidad. Décadas de diagnósticos abstractos y soluciones importadas han dejado un saldo de programas piloto que nunca escalaron y reformas legislativas que nunca se implementaron. La pregunta ya no es si Costa Rica debe formalizar su comercio, sino si las instituciones tienen la capacidad política y técnica para diseñar procesos que reconozcan la diversidad de situaciones, incentivos y limitaciones que enfrentan decenas de miles de comerciantes que han encontrado en la informalidad no una preferencia sino una estrategia de supervivencia.
Fuentes
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Con información de delfino.cr
