La Contraloría General de la República de Costa Rica ha documentado una anomalía persistente en la gestión de infraestructura pública: el Estado costarricense destina recursos de manera sistemática a reparar y reconstruir obras vitales después de que sufren daños, en lugar de invertir preventivamente para evitar su deterioro. Esta advertencia, emitida en agosto de 2026, no representa un hallazgo aislado sino la confirmación de un patrón estructural que compromete la sostenibilidad fiscal, la seguridad ciudadana y la competitividad económica del país centroamericano. El ente contralor señala que esta gestión reactiva se mantiene como modelo dominante pese a décadas de recomendaciones técnicas que apuntan hacia la planificación preventiva como estrategia más eficiente y menos costosa a largo plazo.
Las raíces históricas de la cultura reactiva
El modelo de gestión reactiva en infraestructura pública costarricense no surgió de manera espontánea sino como resultado de décadas de incentivos institucionales distorsionados y restricciones presupuestarias que priorizan lo urgente sobre lo importante. Durante los años ochenta y noventa, Costa Rica experimentó ajustes estructurales que redujeron drásticamente la inversión pública en mantenimiento preventivo, estableciendo una cultura institucional donde las crisis se atienden con recursos extraordinarios mientras el mantenimiento rutinario languidece por falta de asignaciones presupuestarias predecibles. Esta dinámica creó un círculo vicioso: la ausencia de mantenimiento acelera el deterioro, el deterioro genera emergencias, y las emergencias consumen recursos que debieron destinarse al mantenimiento, perpetuando el ciclo.
La estructura presupuestaria costarricense favorece sistemáticamente la inversión en obra nueva sobre el mantenimiento de infraestructura existente. Los proyectos de construcción ofrecen visibilidad política y ceremonias de inauguración, mientras que el mantenimiento preventivo resulta invisible para la ciudadanía hasta que falla. Este sesgo político se reproduce en todos los niveles de gobierno: alcaldes, ministros y diputados obtienen réditos electorales inaugurando puentes y carreteras, pero ningún funcionario gana reconocimiento por mantener en buen estado una estructura que nunca falla. La Contraloría ha identificado que esta lógica permea las decisiones de asignación presupuestaria, donde los rubros de mantenimiento son los primeros en recortarse cuando se requieren ajustes fiscales.
Los fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, han exacerbado las consecuencias de este modelo. Costa Rica enfrenta temporadas lluviosas más intensas y eventos meteorológicos atípicos que someten la infraestructura a estrés inusual. Sin embargo, en lugar de adaptar el modelo de gestión a esta nueva realidad mediante inversiones en resiliencia y mantenimiento preventivo reforzado, las instituciones públicas continúan respondiendo a cada evento climático con declaratorias de emergencia que habilitan contrataciones aceleradas y reconstrucciones costosas. Esta respuesta institucionalizada convierte cada temporal en una oportunidad para movilizar recursos extraordinarios, consolidando el modelo reactivo como práctica normalizada.
Los actores institucionales y sus incentivos divergentes
La Contraloría General actúa como vigilante técnico del gasto público, documentando sistemáticamente la ineficiencia del modelo reactivo y emitiendo recomendaciones que rara vez se implementan completamente. Su capacidad de fiscalización contrasta con su limitado poder para modificar incentivos institucionales profundamente arraigados. Los ministerios sectoriales—Obras Públicas y Transportes principalmente—operan bajo presiones políticas inmediatas que privilegian la respuesta visible a crisis sobre la planificación técnica de largo plazo. El Ministerio de Hacienda, por su parte, enfrenta restricciones fiscales crónicas que lo llevan a priorizar gastos corrientes y obligaciones ineludibles, relegando el mantenimiento preventivo a la categoría de gasto postergable.
Los municipios costarricenses, responsables de importante infraestructura local, carecen frecuentemente de capacidad técnica y recursos suficientes para implementar sistemas de gestión de activos que permitan mantenimiento preventivo programado. Muchos gobiernos locales operan con presupuestos ajustados donde la urgencia de servicios básicos inmediatos compite con inversiones en mantenimiento cuyos beneficios se materializarán años después, posiblemente durante administraciones futuras. Esta desconexión temporal entre inversión y beneficio político desincentiva la planificación preventiva en el nivel municipal, reproduciendo a escala local la misma dinámica reactiva observada en el gobierno central.
Los contratistas y empresas constructoras constituyen un actor con incentivos económicos directos en el mantenimiento del statu quo. El modelo reactivo genera contratos frecuentes de reconstrucción que suelen ser más lucrativos que los contratos de mantenimiento preventivo rutinario. Las declaratorias de emergencia, además, habilitan procedimientos de contratación acelerados con menor competencia y fiscalización, creando condiciones favorables para sobrecostos. Si bien no existe evidencia de colusión sistemática, la estructura de incentivos económicos favorece objetivamente a quienes se benefician de la reconstrucción recurrente sobre aquellos que promoverían modelos preventivos que reducirían la frecuencia de obras mayores.
Escenarios posibles en el horizonte inmediato
La persistencia del modelo reactivo enfrenta tres escenarios plausibles en el mediano plazo. El primero implica la continuidad del statu quo, donde advertencias como la de la Contraloría generan titulares pero no modifican fundamentalmente las prácticas institucionales, perpetuando un sistema que consume recursos crecientes en reparaciones mientras la infraestructura envejece y el cambio climático intensifica su deterioro. El segundo escenario contempla una crisis fiscal severa que fuerce reformas estructurales: la insostenibilidad de financiar reconstrucciones recurrentes podría catalizar la adopción de sistemas de gestión de activos y asignaciones presupuestarias predecibles para mantenimiento preventivo, como ha ocurrido en otros países tras colapsos fiscales. El tercer escenario considera la posibilidad de que eventos catastróficos—el colapso de infraestructura crítica con pérdidas humanas significativas—generen presión política suficiente para reformar el modelo de gestión, aunque este camino implicaría costos humanos y económicos considerables.
La infraestructura como espejo institucional
El modelo reactivo de gestión de infraestructura pública en Costa Rica refleja desafíos institucionales más profundos que trascienden lo meramente técnico. Revela una cultura política que privilegia lo visible sobre lo sostenible, una estructura presupuestaria que penaliza la planificación de largo plazo, y un entramado de incentivos donde actores racionales individuales producen resultados colectivamente irracionales. La advertencia de la Contraloría documenta no solo la ineficiencia de reparar en lugar de prevenir, sino la dificultad estructural de sociedades democráticas para priorizar inversiones cuyos beneficios se materializan más allá de ciclos electorales inmediatos. Mientras los incentivos institucionales no se realineen para premiar la gestión preventiva, Costa Rica continuará pagando la prima costosa de la imprevisión.
Fuentes
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Con información de delfino.cr
