El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) formalizaron un acuerdo de financiamiento por 485 millones de dólares destinado al desarrollo del Proyecto Moín IV, una central termoeléctrica que pretende convertirse en eje de la estrategia energética nacional para las próximas décadas. La firma de este contrato expone una realidad incómoda para el modelo energético costarricense: la institución estatal más importante del país ya no puede financiar por sí sola los proyectos de infraestructura necesarios para garantizar el suministro eléctrico. La pregunta no es si el proyecto se construirá, sino qué significa que Costa Rica dependa cada vez más de capital extranjero para sostener servicios públicos estratégicos.
Durante más de siete décadas, el ICE operó bajo un modelo de monopolio estatal que le permitió desarrollar una de las matrices energéticas más limpias de América Latina, con más del 98% de generación renovable en años de lluvia abundante. Sin embargo, ese modelo enfrenta desde hace una década presiones estructurales que erosionan su capacidad de inversión: aumento sostenido de la demanda eléctrica, disminución de rentabilidad por competencia en telecomunicaciones tras la apertura del sector en 2008, y compromisos financieros heredados de proyectos hidroeléctricos como Reventazón y Diquís que nunca se concretaron completamente según lo planeado. El Proyecto Moín IV, una planta de ciclo combinado con capacidad estimada entre 300 y 400 megavatios, nace en este contexto de restricción fiscal y urgencia operativa.
El contexto histórico es revelador. Costa Rica construyó su sistema eléctrico desde el Estado, con el ICE como brazo ejecutor de una visión de desarrollo nacional que priorizó la electrificación rural y la industrialización mediante tarifas subsidiadas. Ese modelo funcionó cuando el crecimiento económico era robusto, la población menor y las alternativas tecnológicas escasas. Pero desde 2010, el país experimenta un crecimiento promedio de demanda eléctrica del 3% anual, impulsado por la expansión del sector servicios, la electrificación del transporte y el auge de centros de datos que atienden mercados globales. Mientras tanto, los proyectos hidroeléctricos de gran escala enfrentan oposición ambiental y social, y los costos de financiamiento interno se han encarecido por el deterioro de las finanzas públicas costarricenses.
El BCIE aparece en este escenario como prestamista preferencial. Con tasas de interés inferiores a las del mercado comercial internacional y plazos extendidos de pago, el banco regional ofrece condiciones que el ICE no podría obtener mediante emisión de bonos en mercados internacionales sin comprometer aún más su calificación crediticia. Sin embargo, este financiamiento no es filantropía: implica compromisos de desempeño, auditorías externas y, potencialmente, cláusulas que limitan la autonomía tarifaria del ICE si los ingresos no alcanzan para cumplir el servicio de la deuda. El acuerdo convierte a Moín IV en un proyecto con supervisión multilateral, donde las decisiones operativas y financieras ya no serán exclusivamente nacionales.
Los actores en juego revelan intereses cruzados. Para el gobierno costarricense, Moín IV es una apuesta a la continuidad del servicio eléctrico sin apagones, especialmente en la temporada seca cuando la generación hidroeléctrica cae y el país debe recurrir a importaciones caras desde el mercado centroamericano. Para el ICE, el proyecto representa una oportunidad de modernización tecnológica mediante gas natural licuado, menos contaminante que el diésel y el búnker que actualmente alimentan plantas térmicas de respaldo. Para el BCIE, es un activo estratégico que refuerza su perfil como financista de infraestructura regional y le permite posicionarse frente a otros prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Pero también hay perdedores implícitos. Las comunidades cercanas a Moín, en la provincia de Limón, enfrentan la instalación de una planta termoeléctrica en una zona portuaria ya saturada por actividad industrial y logística. Organizaciones ambientalistas cuestionan la coherencia de Costa Rica, que promueve su imagen de país verde mientras apuesta por combustibles fósiles para garantizar la confiabilidad del sistema. Y los contribuyentes costarricenses, porque si el ICE no genera los ingresos proyectados para pagar la deuda, el Estado deberá intervenir con recursos fiscales o permitir aumentos tarifarios que afecten el costo de vida.
El escenario a corto plazo es relativamente claro: Moín IV se construirá entre 2027 y 2030, entrará en operación comercial y permitirá al ICE reducir la dependencia de generación térmica más cara y contaminante. Pero el mediano plazo plantea interrogantes estructurales. Si la demanda eléctrica continúa creciendo al ritmo actual, Costa Rica necesitará más proyectos como Moín IV, y la capacidad de endeudamiento del ICE tiene límites. La alternativa es abrir el sector a inversión privada mediante esquemas de asociación público-privada, pero eso implicaría redefinir el papel del Estado en un sector históricamente considerado estratégico. Otra opción es acelerar la transición hacia fuentes renovables variables como solar y eólica, pero eso requiere inversión masiva en almacenamiento de energía, una tecnología aún costosa.
El acuerdo entre ICE y BCIE para Moín IV no es simplemente un contrato de financiamiento. Es un síntoma de una transformación más profunda: el modelo energético costarricense está mutando desde un monopolio estatal autosuficiente hacia un sistema híbrido donde el Estado conserva la rectoría pero depende de capital y supervisión externa para ejecutar proyectos. Esa transición puede ser exitosa si se gestiona con transparencia y visión de largo plazo, o puede convertirse en una fuente de inestabilidad fiscal y social si los costos terminan recayendo desproporcionadamente sobre los usuarios residenciales. El verdadero desafío no es técnico, sino político: cómo mantener el equilibrio entre confiabilidad del servicio, sostenibilidad ambiental y equidad social en un contexto de restricciones financieras crecientes.
Fuentes
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Con información de delfino.cr
