Un juzgado costarricense declaró sin lugar la demanda de nulidad presentada por la Procuraduría General de la República contra el matrimonio de Laura y Jazmín, celebrado en 2015. La decisión judicial representa un cierre legal a un caso que se extendió por más de una década, en la cual el Estado intentó retroactivamente invalidar una unión que ocurrió años antes de que Costa Rica legalizara formalmente el matrimonio igualitario en 2020. La sentencia no solo protege la validez de esta unión específica, sino que establece un precedente sobre los límites de la acción estatal para intervenir en matrimonios ya celebrados, incluso cuando fueron realizados en un contexto legal ambiguo.
El matrimonio que anticipó la ley
En 2015, Laura y Jazmín contrajeron matrimonio en Costa Rica en un momento en que el país no reconocía legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. La pareja logró casarse aprovechando vacíos legales o interpretaciones administrativas que permitieron el registro de su unión, algo que no era común pero tampoco imposible en ese periodo de transición jurídica. Este tipo de matrimonios anticipados eran resultado de la tensión entre normativas civiles heredadas del código civil tradicional y las presiones sociales crecientes por el reconocimiento de derechos LGBTQ+.
El contexto costarricense de mediados de la década de 2010 era particularmente complejo. Si bien la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos presionaban por la igualdad matrimonial, el Estado mantenía una postura conservadora reforzada por sectores religiosos y políticos tradicionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no había emitido su opinión consultiva de 2018 que obligaría a Costa Rica a reconocer el matrimonio igualitario, y el debate nacional estaba en plena ebullición. En ese limbo legal, algunas parejas lograron registrar sus matrimonios ante funcionarios que interpretaban las normas de manera más inclusiva o que simplemente no se negaban a realizar el trámite.
La Procuraduría General, ejerciendo su función de defensa de los intereses del Estado, decidió posteriormente impugnar estas uniones considerándolas nulas por haberse realizado fuera del marco legal vigente en ese momento. La demanda contra Laura y Jazmín fue una de varias acciones similares emprendidas por la institución, reflejando una postura institucional de protección del orden jurídico tradicional incluso cuando ese orden estaba siendo cuestionado desde perspectivas de derechos humanos.
Intereses cruzados y declaraciones públicas
La decisión de la Procuraduría de demandar la nulidad generó reacciones polarizadas. Organizaciones defensoras de derechos LGBTQ+ denunciaron la acción como una persecución institucional contra parejas que habían actuado de buena fe y que simplemente buscaban formalizar su compromiso. Estas organizaciones argumentaron que intentar anular matrimonios celebrados años atrás constituía una violación a la seguridad jurídica de las personas y una forma de discriminación institucionalizada. Para estos grupos, el Estado estaba dedicando recursos públicos a deshacer relaciones familiares legítimas en lugar de adaptarse a las nuevas realidades sociales y jurídicas.
Desde la perspectiva de la Procuraduría, la demanda respondía a una obligación legal de velar por la correcta aplicación de las normas. Funcionarios de la institución sostuvieron en diversos momentos que no se trataba de discriminación sino de garantizar que los actos administrativos se ajustaran a la legalidad vigente en el momento de su realización. Este argumento técnico-legal, sin embargo, chocaba con la realidad de que para 2026 el matrimonio igualitario ya era plenamente legal en Costa Rica desde 2020, cuando entró en vigor tras la resolución de la Corte Interamericana.
Laura y Jazmín, por su parte, se convirtieron en símbolos involuntarios de una batalla legal más amplia. Aunque no se registraron declaraciones públicas extensas de la pareja en las fuentes disponibles, su caso representó para muchos la tensión entre el Estado de derecho formal y los derechos humanos sustantivos. La pregunta subyacente era si la legalidad técnica de un momento específico debía prevalecer sobre la dignidad y los derechos adquiridos de personas que actuaron dentro de las posibilidades interpretativas de ese momento.
Escenarios tras la sentencia
La decisión judicial de rechazar la demanda de nulidad abre varios escenarios para casos similares que aún puedan estar pendientes en el sistema judicial costarricense. Es plausible que esta sentencia siente un precedente que dificulte futuras acciones de nulidad contra matrimonios celebrados en circunstancias similares, fortaleciendo la posición de otras parejas que pudieran estar en situación comparable. También es posible que la Procuraduría decida no apelar o que revise su política institucional respecto a estos casos, considerando el cambio del marco legal que ocurrió en 2020 y el costo político y social de continuar impugnando uniones que ya tienen más de una década de existencia.
La consolidación de un derecho
La sentencia que rechaza anular el matrimonio de Laura y Jazmín no es solo el cierre de un caso individual, sino una señal del proceso más amplio de consolidación del matrimonio igualitario en Costa Rica. Representa el momento en que el sistema judicial reconoce que los derechos adquiridos, incluso en contextos legales ambiguos, merecen protección frente a intentos retrospectivos de invalidación. La decisión refleja también la tensión inherente entre las instituciones que deben defender la legalidad formal y la evolución social que exige la ampliación de derechos. Once años después de aquella ceremonia, el Estado costarricense cierra un capítulo que nunca debió abrirse: el intento de deshacer familias ya constituidas.
Fuentes
Nota: Este artículo se basa en información de fuente única disponible al momento de publicación. Los desarrollos jurídicos en materia de derechos civiles pueden requerir asesoría legal especializada.
Con información de delfino.cr
