El sol de la tarde caía sobre la Fuente de la Hispanidad cuando cientos de estudiantes comenzaron a congregarse. Pancartas con consignas sobre educación pública, camisetas con los colores de distintas universidades estatales y el murmullo creciente de voces juveniles llenaban el espacio. Era martes, y en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se presentaba el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027. Pero para estos jóvenes, la cifra que importaba no estaba en esas páginas: era el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el mecanismo que desde hace décadas financia las universidades públicas del país, y que este año no había logrado consenso entre el gobierno y las instituciones académicas.
La marcha partió con energía contenida. Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia avanzaban en columnas organizadas hacia el Congreso. Entre ellos, líderes estudiantiles llevaban megáfonos y coordinaban cánticos. La ausencia de un acuerdo sobre el FEES 2027 había encendido alarmas en toda la comunidad universitaria. Sin financiamiento asegurado, las universidades enfrentaban la posibilidad de recortes en programas académicos, investigación científica, becas para estudiantes de escasos recursos y mantenimiento de infraestructura. Para muchos de los manifestantes, la educación pública no era solo un derecho abstracto: era la única vía real de movilidad social en sus familias.
El contexto político amplificaba la tensión. El gobierno había presentado su proyecto presupuestario en medio de presiones fiscales y debates sobre prioridades nacionales. Las universidades públicas costarricenses reciben su financiamiento a través del FEES, un fondo negociado históricamente entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La fórmula tradicional establece incrementos anuales basados en el crecimiento económico del país, pero en años recientes las negociaciones se habían vuelto más ásperas. La pandemia había dejado huellas en las finanzas públicas, y sectores del gobierno argumentaban que era necesario contener el gasto. Las universidades, por su parte, advertían que cualquier recorte comprometería décadas de inversión en capital humano.
La ruta hacia el Congreso
Conforme la marcha avanzaba por las calles de San José, el flujo vehicular se detuvo. Conductores observaban desde sus autos; algunos tocaban bocinas en señal de apoyo, otros mostraban impaciencia. Los estudiantes portaban mantas con datos concretos: el porcentaje del PIB destinado a educación superior, el número de becas en riesgo, las cifras de graduados que cada año aportan profesionales al país. No era solo un reclamo emotivo; era una argumentación con números. Representantes estudiantiles habían preparado documentos técnicos que circulaban en redes sociales, comparando el gasto educativo de Costa Rica con el de otros países latinoamericanos y mostrando el retorno económico de la inversión en educación.
Al llegar frente a la Asamblea Legislativa, la concentración alcanzó su punto más denso. Diputados que salían del edificio fueron abordados por grupos de estudiantes que entregaban cartas y exigían posicionamientos claros. Algunos legisladores se detuvieron a dialogar; otros apresuraron el paso. Dentro del Congreso, el debate presupuestario continuaba en comisiones, pero el mensaje de la calle era inconfundible: la comunidad universitaria no aceptaría en silencio un recorte o la dilación indefinida del acuerdo. Líderes estudiantiles tomaron la palabra en un micrófono improvisado, recordando que el FEES no era un privilegio, sino un pacto social que había permitido a Costa Rica construir una de las sociedades más educadas de la región.
Voces desde la academia
Profesores universitarios y directores de escuelas también se habían sumado a la movilización. Aunque no formaban la mayoría visible, su presencia reforzaba el mensaje: la crisis del financiamiento afectaba a toda la estructura académica. Proyectos de investigación en áreas como biotecnología, cambio climático y desarrollo rural dependían de fondos que ahora estaban en el aire. Becas que sostenían a estudiantes de comunidades rurales y urbano-marginales peligraban. La incertidumbre no solo era financiera; era existencial para miles de jóvenes que veían en la universidad pública la única oportunidad de cambiar su futuro.
Desde el gobierno, las respuestas habían sido cautelosas. Funcionarios de Hacienda habían señalado en comunicados previos que el compromiso con la educación seguía siendo prioritario, pero que era necesario encontrar mecanismos de eficiencia y revisión de gastos. Las universidades, en tanto, habían presentado informes de rendición de cuentas mostrando indicadores de graduación, empleabilidad de egresados e impacto de investigaciones. El diálogo técnico continuaba, pero la presión política de la calle agregaba urgencia a las negociaciones.
Un cierre sin resolución
Cuando el sol comenzó a descender, los estudiantes iniciaron el repliegue. No había anuncios inmediatos, no había victorias declaradas. Pero la marcha había logrado instalar el tema en la conversación pública. Medios de comunicación cubrían la movilización, redes sociales amplificaban testimonios de estudiantes explicando por qué el FEES importaba. La Asamblea Legislativa sabía que tendría que pronunciarse pronto, y que la comunidad universitaria no dejaría pasar el tema sin escrutinio. Para los jóvenes que caminaban de regreso, la jornada había sido un recordatorio de que la educación pública en Costa Rica no se sostenía solo con leyes y presupuestos: se defendía también con organización, con voz, con presencia en las calles.
Fuentes
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Con información de delfino.cr
