La Coordinadora para la Defensa Integral de los Territorios Ancestrales Wapüy (CODIAW) alertó sobre una nueva orden de desalojo que amenaza a cuatro familias bribris establecidas en Kapliña, un asentamiento dentro del Territorio Indígena Bribri de Salitre en Costa Rica. Esta acción judicial marca un nuevo episodio en un conflicto territorial que se remonta a 2019, cuando estas familias iniciaron un proceso de recuperación de tierras ancestrales ocupadas históricamente por no indígenas. La denuncia plantea interrogantes profundas sobre la efectividad del reconocimiento legal de territorios indígenas cuando este no se traduce en control territorial efectivo, y sobre los mecanismos judiciales que terminan favoreciendo ocupaciones históricas sobre derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.
Raíces históricas de un conflicto territorial irresoluto
El Territorio Indígena Bribri de Salitre fue reconocido legalmente mediante decretos estatales costarricenses, pero ese reconocimiento formal nunca significó el desalojo de centenares de familias no indígenas que ocupaban tierras dentro de sus límites. Durante décadas, sucesivos gobiernos costarricenses han evitado implementar mecanismos efectivos de recuperación territorial, creando una situación donde el derecho reconocido choca frontalmente con la realidad demográfica. Esta inacción estatal generó un vacío de poder que las comunidades bribris intentaron llenar mediante recuperaciones directas, un proceso que la legislación costarricense no contempla claramente y que los tribunales tienden a interpretar como invasiones ilegales.
La recuperación de Kapliña comenzó en 2019 como parte de un movimiento más amplio de familias bribris que decidieron ejercer directamente sus derechos territoriales ante la parálisis institucional. Estas familias argumentan que no están invadiendo tierras ajenas, sino retomando espacios que legalmente les pertenecen desde que el Estado costarricense reconoció los límites del territorio indígena. Sin embargo, los ocupantes no indígenas previos, muchos de ellos con documentos de propiedad expedidos por el mismo Estado en épocas anteriores, también reclaman derechos adquiridos, generando un nudo legal donde dos titularidades aparentemente legítimas colisionan.
El caso refleja una contradicción estructural del sistema legal costarricense: mientras la Constitución y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT reconocen derechos territoriales colectivos indígenas, el sistema de registro de propiedad privada siguió operando dentro de territorios indígenas durante décadas, creando títulos individuales que ahora se invocan contra las comunidades originarias. Esta doble titularidad es producto de políticas estatales inconsistentes que nunca resolvieron el conflicto entre derecho individual y derecho colectivo en estos espacios.
Actores y dinámicas del conflicto actual
La CODIAW surge como actor central en esta denuncia, funcionando como vocero y articulador político de las familias afectadas. Esta organización ha documentado sistemáticamente las recuperaciones territoriales y las respuestas judiciales, construyendo un archivo de casos que evidencia patrones en la actuación de tribunales costarricenses. Según su narrativa, el sistema judicial costarricense favorece consistentemente a ocupantes no indígenas, aplicando criterios de desalojo rápido contra familias bribris mientras procesos de titulación a favor de comunidades indígenas se prolongan indefinidamente. Esta asimetría procesal, argumentan, constituye una forma de discriminación estructural.
Del otro lado del conflicto están los ocupantes no indígenas, cuya situación también presenta complejidades. Muchos llegaron a estas tierras hace décadas, compraron propiedades con escrituras emitidas por notarios públicos y pagaron impuestos municipales, creyendo en la legitimidad de sus títulos. Para ellos, las recuperaciones territoriales representan una amenaza existencial a su patrimonio y estabilidad familiar. Este grupo suele argumentar que compraron tierras de buena fe y que el Estado costarricense debería indemnizarlos antes de cualquier desalojo, trasladando el costo del error estatal a las arcas públicas en lugar de a familias individuales.
El Estado costarricense mantiene una posición ambigua y reactiva. Por un lado, instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) tienen mandato legal de gestionar la recuperación de territorios indígenas mediante compra de tierras a ocupantes no indígenas, pero los presupuestos asignados resultan insuficientes y los procesos excesivamente lentos. Por otro lado, el Poder Judicial actúa ante denuncias de ocupación ilegal sin considerar sistemáticamente el contexto de derechos colectivos indígenas, aplicando mecánicamente normativa de propiedad privada. Esta fragmentación institucional permite que cada poder del Estado actúe según lógicas contradictorias, perpetuando el conflicto.
Las cuatro familias específicamente amenazadas con desalojo en Kapliña representan apenas una fracción de un problema más amplio. En Salitre y otros territorios indígenas costarricenses, decenas de familias indígenas que han recuperado tierras viven bajo amenaza judicial constante, en una situación de inseguridad jurídica que impide inversión agrícola, construcción de viviendas permanentes o planificación a largo plazo. Esta precariedad legal erosiona la viabilidad económica y social de las recuperaciones, incluso cuando estas no enfrentan desalojos inmediatos.
Escenarios posibles en el corto plazo
El desenlace inmediato depende de la actuación judicial y de la capacidad de movilización política de CODIAW y sus aliados. Si los tribunales ejecutan el desalojo sin consideraciones especiales, se establecería un precedente que facilitaría acciones similares contra otras recuperaciones territoriales en Salitre y territorios vecinos. Alternativamente, una intervención de instituciones de derechos humanos o una resolución política que suspenda el desalojo mientras se negocia una solución integral podría abrir espacios para acuerdos. Un tercer escenario involucra radicalización del conflicto si las familias deciden resistir físicamente, potencialmente escalando la confrontación hacia crisis humanitaria similar a episodios previos de violencia en recuperaciones territoriales costarricenses.
Lecciones de un conflicto recurrente
El caso de Kapliña condensa décadas de fracaso estatal en resolver la contradicción entre reconocimiento formal de derechos indígenas y ocupación real de territorios. Mientras Costa Rica proyecta internacionalmente una imagen de respeto a derechos humanos y ambientales, su incapacidad para implementar políticas efectivas de recuperación territorial indígena revela límites profundos de ese compromiso. El conflicto no es entre indígenas y no indígenas como individuos, sino entre dos sistemas de derecho que el Estado costarricense no ha podido armonizar. Hasta que existan mecanismos claros, financiados y ejecutables para resolver esta tensión estructural, familias como las cuatro de Kapliña seguirán viviendo en un limbo legal donde sus derechos reconocidos chocan contra realidades judiciales adversas.
Fuentes
Con información de delfino.cr
