En una sala del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde las banderas de 193 países observan cada decisión, los quince miembros levantaron sus manos este martes para aprobar por unanimidad la resolución 2823. El documento, de apenas doce páginas pero con implicaciones globales, responde a una realidad que ha cobrado vidas en los rincones más violentos del planeta: los ataques contra el personal de las misiones de paz de la ONU se han intensificado en la última década, convirtiendo el casco azul en blanco móvil antes que en símbolo de protección. Costa Rica, junto a más de 150 países, copatrocinó esta iniciativa que exige rendición de cuentas inmediata por cada agresión contra quienes intentan mantener la paz en zonas de conflicto.
El precio de la paz en terreno hostil
Desde Malí hasta la República Democrática del Congo, desde Sudán del Sur hasta la República Centroafricana, el personal de mantenimiento de paz enfrenta emboscadas, ataques con artefactos explosivos improvisados y fuego directo de grupos armados que no reconocen mandatos internacionales. En 2025, según datos preliminares de la ONU, al menos 87 cascos azules perdieron la vida en actos de violencia, la cifra más alta registrada en quince años. Otros 340 resultaron heridos, algunos con lesiones permanentes que marcaron el fin de sus carreras militares o policiales. Estos números, fríos en su presentación estadística, representan familias destruidas en Bangladesh, Uruguay, Ruanda, Nepal y docenas de países que aportan contingentes a las operaciones de paz.
La resolución 2823 surge de esa urgencia. No es el primer documento que aborda la protección del personal de la ONU, pero sí el más contundente en exigir consecuencias legales. El texto establece que los Estados miembros deben investigar todos los ataques, procesar a los responsables conforme a su legislación interna o extraditarlos a jurisdicciones competentes, y cooperar plenamente con los mecanismos de justicia internacional cuando sea necesario. La impunidad, señala el documento en su preámbulo, alimenta nuevos ataques y socava la legitimidad de las operaciones de mantenimiento de paz ante las comunidades locales que esperan protección.
Costa Rica en primera línea diplomática
Que Costa Rica figure como copatrocinador de esta resolución no sorprende a quienes siguen la trayectoria del país en foros multilaterales. Sin ejército desde 1948, la nación centroamericana ha construido su política exterior sobre pilares de derecho internacional, desarme y protección de derechos humanos. Su participación en misiones de paz, aunque no militar, se concreta a través de policías especializados que han servido en Haití, Timor Oriental y otras zonas de posconflicto. La delegación costarricense argumentó durante las negociaciones previas a la votación que la seguridad del personal de paz no puede seguir siendo una preocupación secundaria cuando se diseñan mandatos y se despliegan operaciones.
El embajador costarricense ante la ONU, cuyo nombre no aparece en el comunicado oficial consultado, habría enfatizado en sesiones cerradas que los países contribuyentes de tropas necesitan garantías concretas antes que declaraciones retóricas. Bangladesh, uno de los mayores aportantes de cascos azules con más de siete mil efectivos desplegados, perdió diecisiete soldados en los últimos dos años. Ruanda, otro contribuyente significativo, sufrió emboscadas mortales en la República Centroafricana que dejaron nueve militares muertos en un solo incidente. Estas naciones, muchas del Sur Global, exigen que sus soldados no sean tratados como recursos prescindibles en misiones diseñadas sin suficiente apoyo logístico, inteligencia o capacidad de respuesta rápida ante amenazas.
Mecanismos de rendición de cuentas
La resolución 2823 introduce elementos operativos específicos. Establece que el Secretario General de la ONU debe presentar informes trimestrales sobre ataques contra personal de paz, identificando patrones, perpetradores conocidos y respuestas de los Estados anfitriones. Cuando un país donde opera una misión de la ONU no investigue adecuadamente un ataque, el Consejo de Seguridad puede considerar sanciones focalizadas, incluyendo prohibiciones de viaje y congelamiento de activos contra individuos identificados como responsables. Este mecanismo, aunque sujeto al poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, representa un cambio conceptual: la protección del personal de paz deja de ser asunto exclusivo del Departamento de Operaciones de Paz y se convierte en tema de seguridad internacional con consecuencias políticas.
Organizaciones de derechos humanos que monitorean operaciones de paz celebraron la aprobación pero advirtieron sobre brechas de implementación. Human Rights Watch señaló en un comunicado posterior a la votación que resoluciones previas sobre protección de civiles en conflictos armados han sido sistemáticamente ignoradas sin consecuencias reales para los violadores. La efectividad de la resolución 2823, argumentan, dependerá de la voluntad política del Consejo de Seguridad para actuar cuando se presenten los informes trimestrales con evidencia de impunidad. Si los Estados miembros no enfrentan costos reales por no investigar ataques, el documento se sumará a la larga lista de declaraciones bien intencionadas pero inefectivas.
Más allá del casco azul
La resolución también aborda la protección del personal civil de la ONU que trabaja en zonas de conflicto: funcionarios políticos, humanitarios, especialistas en derechos humanos, constructores de paz. Estos trabajadores, que no portan armas y dependen exclusivamente de su neutralidad percibida para operar, han sido secuestrados, asesinados y sometidos a violencia sexual en múltiples teatros de operaciones. En 2024, tres funcionarios de la ONU murieron en Yemen cuando su convoy fue atacado pese a estar claramente identificado con logos de la organización. El año anterior, dos trabajadoras humanitarias fueron secuestradas en Sudán del Sur y permanecieron cautivas durante cuatro meses antes de ser liberadas sin que se procesara a ningún responsable.
El texto adoptado exige que los países anfitriones proporcionen escoltas de seguridad cuando sea necesario, establezcan zonas protegidas alrededor de instalaciones de la ONU y faciliten evacuaciones médicas rápidas en caso de emergencia. Estas medidas, aunque básicas, no siempre se cumplen. En la República Democrática del Congo, bases de cascos azules han sido atacadas repetidamente porque gobiernos locales no establecen perímetros de seguridad adecuados o porque grupos armados operan con libertad en áreas supuestamente controladas por fuerzas estatales. La resolución 2823 convierte estos compromisos de seguridad en obligaciones vinculantes bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, lo que permite al Consejo de Seguridad tomar medidas coercitivas si los Estados no cumplen.
Voces desde el terreno
Soldados y policías que han servido en misiones de paz, consultados por diversos medios internacionales tras la aprobación de la resolución, expresaron esperanza cautelosa. Un oficial bangladesí que sirvió tres tours en Malí relató a la agencia Reuters que en su última rotación, en 2025, su unidad fue atacada siete veces en cuatro meses sin que las autoridades malienses arrestaran a un solo sospechoso pese a tener información de inteligencia. Un policía keniano desplegado en Haití describió cómo su puesto fue rodeado por grupos armados durante dos horas mientras esperaban refuerzos que nunca llegaron porque no había coordinación con fuerzas locales. Estas experiencias, repetidas en múltiples misiones, generan frustración entre países contribuyentes que consideran retirar sus contingentes si las condiciones de seguridad no mejoran.
El Secretario General de la ONU, en declaraciones posteriores a la votación, reconoció que la organización debe hacer más para proteger a quienes envía a zonas de alto riesgo. Anunció la creación de un grupo de trabajo que revisará protocolos de seguridad, equipamiento de protección personal, reglas de enfrentamiento y mecanismos de evacuación de emergencia en todas las misiones activas. Este grupo presentará recomendaciones en noviembre de 2026, con énfasis en tecnologías de vigilancia, drones de reconocimiento y sistemas de alerta temprana que puedan reducir la vulnerabilidad del personal desplegado. La pregunta, según analistas de seguridad internacional, es si los Estados miembros proporcionarán los recursos financieros necesarios para implementar esas mejoras o si la resolución quedará como buenas intenciones sin presupuesto.
Un compromiso global frágil
El respaldo de más de 150 países como copatrocinadores de la resolución 2823 refleja consenso amplio sobre la necesidad de proteger al personal de paz, pero también expone tensiones subyacentes. Algunos Estados argumentan que la ONU debe fortalecer las capacidades de las fuerzas locales en lugar de desplegar grandes contingentes internacionales. Otros señalan que misiones de paz operan en contextos donde no existe paz que mantener, convirtiendo a los cascos azules en partes involuntarias de conflictos irresolubles. Esta última crítica, particularmente fuerte en relación a la misión en República Democrática del Congo que lleva más de dos décadas sin lograr estabilización duradera, cuestiona si la protección del personal es posible cuando los mandatos son poco claros y los recursos insuficientes.
La resolución no aborda estos debates estructurales más amplios sobre el futuro de las operaciones de paz en un orden internacional fragmentado. Se enfoca en lo inmediato: que quienes llevan el casco azul no sean asesinados sin consecuencias. Es un umbral mínimo de responsabilidad que, hasta ahora, no se había garantizado consistentemente. Costa Rica y los demás copatrocinadores apuestan a que este documento marque un punto de inflexión. El personal de paz, argumentan, no puede seguir muriendo en silencio mientras la comunidad internacional debate reformas sistémicas que nunca llegan. La rendición de cuentas, insisten, debe comenzar ahora.
Fuentes consultadas
Con información de delfino.cr
