En las oficinas del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los teléfonos no han dejado de sonar desde que se conoció la propuesta legislativa. La noticia circula entre contadores, empresarios y pequeños comerciantes como un rumor que va tomando forma de preocupación concreta: el umbral mínimo para que una omisión tributaria se convierta en delito penal podría reducirse de 500 a 200 salarios base. En números reales, esto significa que lo que hoy requiere aproximadamente 260 mil dólares de deuda tributaria para configurar un delito, mañana podría aplicarse con apenas 104 mil dólares. La diferencia no es solo aritmética, es una redefinición de quién podría enfrentar cargos penales por asuntos fiscales.
La propuesta forma parte de una reforma tributaria más amplia que busca fortalecer la recaudación fiscal en Costa Rica. Según fuentes del ámbito legislativo, la medida responde a la necesidad de cerrar brechas de evasión y dotar al Ministerio de Hacienda de herramientas más efectivas para combatir la elusión fiscal. Los promotores de la iniciativa argumentan que el umbral actual es demasiado elevado y permite que contribuyentes con capacidad económica significativa evadan sus obligaciones sin consecuencias penales. En un país donde el déficit fiscal ha sido motivo de preocupación constante durante la última década, la tentación de endurecer las medidas contra los evasores resulta políticamente atractiva.
Sin embargo, desde el Colegio de Contadores Públicos la lectura es distinta. La institución que agrupa a miles de profesionales dedicados a la asesoría fiscal y contable ha manifestado su cautela ante la propuesta. Según su análisis, reducir el umbral en más de la mitad no solo ampliaría el universo de contribuyentes expuestos a procesos penales, sino que podría criminalizar situaciones que actualmente se resuelven en la vía administrativa. La diferencia es sustancial: un proceso administrativo puede resolverse con el pago de la deuda más intereses y multas, mientras que un proceso penal implica investigación judicial, posibles órdenes de captura y antecedentes penales que pueden afectar permanentemente la vida profesional y personal del contribuyente.
El escenario más preocupante para los contadores no es el del gran evasor intencional, sino el de la pequeña y mediana empresa que enfrenta dificultades de flujo de efectivo. En Costa Rica, como en toda economía en desarrollo, miles de negocios operan en márgenes ajustados donde un trimestre difícil puede significar la diferencia entre estar al día con el fisco o acumular deudas. Con el nuevo umbral, una empresa que deje de pagar impuestos sobre ventas durante algunos meses podría fácilmente superar los 200 salarios base y encontrarse no solo con una deuda administrativa, sino con una denuncia penal. La frontera entre el contribuyente moroso y el delincuente fiscal se volvería peligrosamente difusa.
Los defensores de la reforma argumentan que precisamente ahí radica su efectividad: en generar un efecto disuasorio más potente. Si los contribuyentes saben que las consecuencias de no pagar pueden incluir procesos penales incluso por montos menores, el cálculo de riesgo cambia radicalmente. Desde esta perspectiva, el miedo a la criminalización funcionaría como el mejor recaudador. Pero los contadores públicos advierten que este razonamiento ignora la complejidad de la administración tributaria costarricense, donde las disputas sobre interpretaciones legales, deducciones cuestionadas y valoraciones de activos pueden generar deudas considerables sin que exista intención de evadir.
La experiencia regional ofrece advertencias sobre los riesgos de un enfoque excesivamente punitivo. En países latinoamericanos donde se han endurecido dramáticamente las sanciones tributarias, el resultado no siempre ha sido mayor recaudación, sino mayor litigiosidad, saturación del sistema judicial y, en algunos casos, una percepción de arbitrariedad que deteriora la relación entre el Estado y los contribuyentes. El equilibrio entre firmeza recaudatoria y seguridad jurídica es delicado, y modificarlo sin evaluar sus consecuencias sistémicas puede generar efectos contrarios a los buscados. Para el Colegio de Contadores Públicos, esa evaluación rigurosa es precisamente lo que falta en la propuesta actual.
Mientras tanto, en bufetes de abogados especializados en derecho tributario y en las oficinas de consultoría fiscal, los profesionales ya están calculando escenarios y preparando estrategias de mitigación. Si la reforma prospera, decenas de miles de contribuyentes que hoy operan en el terreno de lo administrativo podrían encontrarse navegando las aguas más turbias del derecho penal tributario. La pregunta que resuena en los pasillos del poder legislativo y en las asociaciones profesionales es la misma: ¿esta reforma fortalecerá la justicia tributaria o simplemente criminalizará la dificultad económica? La respuesta dependerá no solo del texto final de la ley, sino de cómo se implemente y de si el sistema judicial costarricense tendrá la capacidad de discernir entre el evasor intencional y el contribuyente que simplemente no pudo pagar a tiempo.
La discusión apenas comienza, pero las posiciones ya están trazadas. De un lado, quienes ven en la reducción del umbral una herramienta necesaria para fortalecer la recaudación y castigar a quienes deliberadamente evaden sus obligaciones. Del otro, quienes advierten que criminalizar más fácilmente las deudas tributarias puede tener consecuencias imprevistas sobre el tejido empresarial y la seguridad jurídica. Lo que está claro es que cualquier decisión que se tome redefinirá la relación entre el Estado costarricense y sus contribuyentes, con efectos que se sentirán durante años en la economía, en los tribunales y en la percepción de justicia fiscal del país centroamericano.
Fuentes consultadas
Fuentes
Con información de delfino.cr
