Costa Rica deja morir su cultura sin decirlo en voz alta

Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso oficial. En Costa Rica, mientras las administraciones sucesivas hablan de identidad nacional y patrimonio, los presupuestos culturales se encogen año tras año como una prenda lavada demasiadas veces. No es descuido. No es crisis pasajera. Es una forma de política cultural: la que consiste en fingir que no se está tomando ninguna decisión, mientras se desmantela ladrillo a ladrillo lo poco que quedaba en pie. Los teatros nacionales reducen su programación, las bibliotecas públicas cierran secciones, los programas de formación artística para jóvenes se quedan sin fondos para materiales básicos. Y todo ocurre sin decreto, sin anuncio, sin que nadie levante la mano para asumir la responsabilidad.

La infraestructura cultural de un país no se mide solo en edificios con columnas y escalinatas de mármol. Se mide en cuántos niños tienen acceso a clases de música en escuelas públicas, en cuántos cineastas pueden contar historias locales sin emigrar, en cuántas compañías de teatro sobreviven más allá de la autogestión heroica. Costa Rica construyó durante décadas un ecosistema cultural modesto pero funcional: casas de cultura en cantones remotos, espacios comunitarios donde se leía poesía los viernes, talleres de danza en barrios periféricos. Ese ecosistema no colapsa de golpe. Se va apagando por asfixia presupuestaria, por falta de renovación de contratos, por ausencia de mantenimiento en salas que terminan cerradas por razones sanitarias o de seguridad.

Los números están ahí, implacables como lápidas. Según datos del Ministerio de Cultura, el presupuesto asignado al sector ha caído sistemáticamente en términos reales durante los últimos seis años. Lo que en 2020 representaba un 0.7% del presupuesto nacional, hoy apenas alcanza el 0.4%. En paralelo, el número de plazas permanentes en instituciones culturales públicas se ha reducido en más de un tercio. Programas emblemáticos como el de Estímulo a las Artes, que financiaba proyectos comunitarios, opera hoy con menos del 40% del presupuesto que tenía en 2022. No son ajustes técnicos. Son decisiones políticas presentadas como inevitabilidades administrativas.

Mientras tanto, el discurso oficial sigue celebrando la cultura costarricense en actos protocolarios y fechas patrias. Los ministros posan junto a artistas en inauguraciones de exposiciones que duran dos semanas y luego desaparecen. Se habla de la importancia de la identidad nacional en foros internacionales, mientras en los cantones rurales las únicas bibliotecas públicas funcionan con voluntarios jubilados y colecciones que no se actualizan desde hace una década. La contradicción no es accidental: es estructural. Un Estado que no tiene proyecto cultural claro termina gestionando la cultura como gestionaría un parque vehicular obsoleto: manteniendo lo mínimo indispensable para que no se note demasiado el abandono.

El sector cultural costarricense ha respondido con resiliencia asombrosa. Colectivos independientes organizan festivales sin subvención estatal, artistas visuales montan exposiciones en garajes, músicos graban discos financiados por venta anticipada en redes sociales. Esa vitalidad creativa, sin embargo, no puede sustituir la responsabilidad del Estado. La autogestión cultural, cuando es la única opción disponible, no es empoderamiento: es precarización disfrazada de narrativa motivacional. Los creadores no deberían tener que elegir entre producir arte o pagar el alquiler, entre montar una obra de teatro o comprar medicamentos para sus hijos.

La ausencia de proyecto cultural tiene consecuencias que trascienden lo estético. Una sociedad sin espacios públicos para la creación y el encuentro artístico es una sociedad más fragmentada, más propensa a la polarización, menos capaz de imaginar futuros alternativos. La cultura no es entretenimiento prescindible en tiempos de ajuste: es infraestructura social básica. Los países que lo entienden invierten en ella incluso durante crisis económicas, porque saben que el costo de no hacerlo se paga en cohesión social, en pérdida de identidad, en cerebros creativos que emigran sin retorno.

Costa Rica podría decidir que la cultura importa. Podría asignar presupuestos dignos, crear políticas de largo plazo que trasciendan cambios de gobierno, formar nuevas generaciones de gestores culturales profesionales. Podría, en definitiva, tratarla como un derecho ciudadano y no como un favor discrecional. Pero para eso haría falta algo que escasea más que el dinero: voluntad política para reconocer que lo que está ocurriendo no es producto de la inercia, sino de decisiones concretas tomadas por personas concretas en despachos concretos. Los números no mienten. Solo esperan que alguien decida leerlos como lo que son: un diagnóstico que exige respuesta, no un destino inevitable que podemos seguir fingiendo no haber elegido.

Fuentes

• Delfino CR – La ausencia de un proyecto de país para la cultura