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Costa Rica propone gravar rentas del exterior y recortar exoneraciones fiscales

El gobierno de Costa Rica presentó dos proyectos de ley orientados a ampliar la base tributaria mediante el gravamen de rentas obtenidas…

22 de septiembre de 2026 5 min de lectura
Redacción MiHispano+ · con información de delfino.cr
Fotografía ilustrativa · delfino.cr
Fotografía · delfino.cr

El gobierno de Costa Rica presentó dos proyectos de ley orientados a ampliar la base tributaria mediante el gravamen de rentas obtenidas en el exterior y la reducción de exoneraciones fiscales vigentes. Las iniciativas también contemplan la eliminación de un crédito fiscal asociado a bonos temáticos y establecen un nuevo régimen de control y sanciones sobre beneficios tributarios. Las propuestas llegan en un contexto de necesidad de fortalecer las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal estructural del país centroamericano.

Por qué importa

  • Impacto en contribuyentes con ingresos internacionales: El gravamen sobre rentas del exterior afectará a costarricenses y residentes que perciben ingresos desde otros países, incluyendo salarios, inversiones, pensiones o rentas empresariales generadas fuera de Costa Rica. Esto podría modificar la carga tributaria de miles de personas que actualmente no tributan por esos conceptos en territorio nacional.
  • Reducción de beneficios fiscales existentes: El recorte de exoneraciones impactará sectores que han gozado de tratamientos preferenciales, como cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, zonas francas o actividades productivas específicas. La medida busca cerrar brechas de evasión y aumentar la recaudación, pero genera resistencia en gremios y empresas beneficiadas.
  • Mayor control y sanciones: El nuevo régimen de fiscalización endurece las consecuencias para quienes abusen de beneficios tributarios, con multas y revocatorias más severas. Esto responde a casos documentados de uso indebido de exoneraciones, pero también eleva el riesgo de litigios y controversias administrativas entre contribuyentes y la autoridad fiscal.

Contexto extendido

Costa Rica arrastra un déficit fiscal estructural que en los últimos años ha oscilado entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto, según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Desde la aprobación de la reforma fiscal de 2018, que introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ajustó el régimen de renta, el gobierno ha buscado medidas complementarias para estabilizar las cuentas públicas y cumplir con compromisos ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

El gravamen a rentas del exterior se enmarca en el principio de renta mundial, que establece que los residentes fiscales deben tributar por la totalidad de sus ingresos, sin importar dónde se generen. Actualmente, Costa Rica grava principalmente las rentas de fuente costarricense, dejando fuera un volumen significativo de ingresos percibidos por ciudadanos y residentes desde plataformas digitales, inversiones financieras en el extranjero, pensiones foráneas y operaciones comerciales internacionales. La Dirección General de Tributación estima que este vacío representa cientos de millones de dólares anuales en recaudación potencial.

Por otro lado, el recorte de exoneraciones fiscales responde a evaluaciones técnicas que señalan que Costa Rica destina cerca del 5% del PIB anualmente a beneficios tributarios, muchos de los cuales carecen de evaluación de impacto o presentan objetivos difusos. Sectores como el cooperativo, asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones religiosas y ciertas actividades agroindustriales han gozado históricamente de tratamientos preferenciales que, según el gobierno, requieren revisión para garantizar equidad y eficiencia en el sistema tributario.

La eliminación del crédito fiscal para bonos temáticos afecta un instrumento financiero que permitía a ciertos inversionistas descontar parte del impuesto sobre la renta mediante la adquisición de bonos destinados a proyectos ambientales, sociales o de infraestructura. Aunque fue concebido como mecanismo de financiamiento alternativo para iniciativas prioritarias, análisis recientes cuestionaron su efectividad y señalaron que beneficiaba desproporcionadamente a contribuyentes de altos ingresos sin generar impacto verificable en los proyectos supuestamente financiados.

El nuevo régimen de control y sanciones busca establecer criterios más claros para la otorgación, fiscalización y eventual revocatoria de beneficios tributarios. Incluye la creación de un registro centralizado de exoneraciones, auditorías periódicas obligatorias y multas que pueden alcanzar hasta el 150% del beneficio indebidamente utilizado. La Contraloría General de la República había recomendado en informes previos endurecer la supervisión de estos regímenes para prevenir abusos y asegurar que los beneficios cumplan con sus objetivos declarados.

Organizaciones empresariales y cámaras de comercio han expresado preocupación por el impacto de las medidas en la competitividad y el clima de inversión. Argumentan que el gravamen a rentas del exterior puede desincentivar la llegada de profesionales extranjeros y pensionados, quienes han contribuido al dinamismo de sectores como servicios, turismo y tecnología. Por su parte, organizaciones sociales y cooperativas advierten que el recorte de exoneraciones podría afectar su capacidad de operar y cumplir con funciones de interés público en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Análisis e implicaciones

Las propuestas reflejan una estrategia gubernamental de ensanchamiento de la base tributaria en lugar de aumentar tasas impositivas, una línea técnica recomendada por organismos internacionales para evitar efectos distorsionadores en la economía. Sin embargo, su viabilidad política enfrenta obstáculos importantes. La Asamblea Legislativa costarricense ha sido históricamente resistente a reformas fiscales, y estos proyectos requerirán negociaciones extensas con fracciones parlamentarias y grupos de interés afectados.

El éxito de las iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar que los recursos adicionales recaudados se destinarán efectivamente a mejorar servicios públicos, reducir deuda y fortalecer inversión social. La desconfianza ciudadana en la gestión de fondos públicos, alimentada por casos de corrupción y gasto ineficiente, podría erosionar el apoyo a medidas que incrementen la carga tributaria sobre sectores específicos.

Lo que sigue

Ambos proyectos deberán ser discutidos en comisiones legislativas especializadas antes de pasar a primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa. El gobierno ha anunciado una campaña de socialización para explicar los alcances y beneficios esperados de las medidas. Se espera que en las próximas semanas diversos sectores presenten alegatos y propuestas de modificación, lo que podría extender el trámite legislativo durante varios meses. La aprobación final requerirá mayoría simple, pero el contexto político fragmentado sugiere que serán necesarios ajustes significativos para alcanzar los votos necesarios.

Fuentes

Resumen editorial elaborado por MiHispano+ a partir de las fuentes citadas. Enlazamos siempre al medio original.

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