¿Puede Costa Rica frenar las puertas giratorias entre el ICE y el sector privado?
Una iniciativa legislativa en Costa Rica busca cerrar lo que críticos llaman las «puertas giratorias» entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)…
Una iniciativa legislativa en Costa Rica busca cerrar lo que críticos llaman las «puertas giratorias» entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el sector privado. La diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que prohibiría nombrar en el Consejo Directivo o como asesores del ICE a personas que hayan tenido vínculos laborales o comerciales recientes con empresas privadas relacionadas con las funciones del órgano. La propuesta plantea una pregunta central sobre el diseño institucional de empresas públicas estratégicas: ¿cómo garantizar que quienes dirigen entidades como el ICE prioricen el interés público sobre relaciones previas con actores privados del mismo sector?
El contexto: empresas públicas bajo presión de mercado
El ICE representa uno de los pilares históricos del modelo estatal costarricense. Fundado en 1949, monopolizó durante décadas la generación eléctrica y las telecomunicaciones, simbolizando la apuesta del país por servicios públicos universales. Sin embargo, desde la apertura del mercado de telecomunicaciones en 2008 y la liberalización parcial del sector eléctrico, el ICE ha operado en un entorno cada vez más competitivo, compartiendo espacio con operadoras privadas y generadores independientes de energía.
Esta transformación ha traído consigo un fenómeno recurrente en economías mixtas: la rotación de personal entre puestos directivos públicos y empresas privadas del mismo sector. Ejecutivos con experiencia en energía o telecomunicaciones son reclutados para dirigir instituciones públicas, y posteriormente regresan al sector privado. Para sus defensores, esto aporta expertise técnica indispensable; para sus críticos, genera conflictos de interés que pueden distorsionar decisiones regulatorias, compromisos de compra o políticas tarifarias.
La propuesta de Sáenz surge en un momento en que varios países latinoamericanos han reforzado regulaciones sobre conflictos de interés en empresas estatales. Argentina, México y Colombia han implementado periodos de enfriamiento que impiden a exfuncionarios trabajar inmediatamente en empresas reguladas por las entidades que dirigían. Costa Rica, sin embargo, carece de una norma específica para entidades autónomas como el ICE, dependiendo de códigos éticos generales que no establecen plazos obligatorios ni sanciones claras.
Actores y dinámicas: quiénes se benefician de las puertas abiertas
El debate sobre las puertas giratorias involucra múltiples actores con intereses divergentes. Las empresas privadas de energía y telecomunicaciones argumentan que la experiencia previa en el sector es un activo, no un pasivo: conocer la operación técnica, las inversiones requeridas y las dinámicas del mercado permite tomar decisiones informadas. Desde esta perspectiva, prohibir estos nombramientos reduciría el pool de talento disponible y politizaría la gestión del ICE, dejándola en manos de personas sin conocimiento sectorial profundo.
Por otro lado, organizaciones sindicales del ICE y sectores de la sociedad civil han denunciado casos específicos donde exdirectivos tomaron decisiones favorables a empresas con las que luego establecieron vínculos. Aunque no se han judicializado acusaciones concretas de corrupción en años recientes, el riesgo percibido erosiona la confianza pública. Un estudio de Transparencia Internacional sobre América Latina identificó que el 62% de los ciudadanos costarricenses considera que las instituciones públicas favorecen intereses privados sobre el bien común, una percepción alimentada precisamente por estas dinámicas.
La propuesta de Sáenz establece un periodo de enfriamiento: personas que hayan trabajado en los últimos cinco años para empresas privadas vinculadas al sector energético, de telecomunicaciones o que provean servicios al ICE no podrían ser nombradas en el Consejo Directivo ni como asesores. Tampoco podrían asumir estos roles quienes hayan sido lobistas registrados o consultores de dichas empresas. La norma también operaría en sentido inverso: exdirectivos del ICE no podrían trabajar para esas empresas durante dos años tras dejar el cargo público.
El Frente Amplio, partido de izquierda que impulsa la iniciativa, ha vinculado esta propuesta a su defensa histórica del ICE como patrimonio público. Para Sáenz, el proyecto busca «proteger la autonomía institucional y evitar que decisiones estratégicas sobre tarifas, inversiones o licitaciones estén influenciadas por lealtades previas o futuras oportunidades laborales». Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia en bloques legislativos de centro y derecha, que la consideran excesivamente restrictiva y temen que dificulte la profesionalización de la entidad.
Escenarios posibles: entre la restricción y la captura
Si el proyecto avanza, Costa Rica se alinearía con estándares internacionales de gobernanza corporativa pública, reduciendo riesgos de conflicto de interés en una institución clave para la transición energética del país. Sin embargo, su implementación plantea desafíos: definir con precisión qué empresas quedan incluidas en la restricción, cómo verificar vínculos indirectos (a través de consultorías o holdings) y qué sanciones aplicar en caso de incumplimiento. Por otro lado, si la iniciativa es archivada o diluida, el sistema actual continuará, manteniendo la tensión entre expertise técnica y riesgo de captura regulatoria, un equilibrio difícil de sostener sin reglas claras.
Síntesis: institucionalidad en la encrucijada
El debate sobre las puertas giratorias en el ICE trasciende la coyuntura política costarricense. Plantea una cuestión estructural sobre cómo diseñar instituciones públicas que operen en mercados competitivos sin ser capturadas por los actores privados que regulan o con los que compiten. La propuesta de Sáenz es una apuesta por la transparencia y la autonomía institucional, aunque su viabilidad legislativa dependerá de consensos que hoy parecen esquivos. Lo que está en juego no es solo la composición de un Consejo Directivo, sino la credibilidad del modelo de empresa pública en un país que históricamente la ha defendido como garante de derechos universales.
Fuentes consultadas
Fuentes
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