Vecinos de Mora cuestionan permisos para relleno sanitario en Picagres
En las verdes colinas de Picagres de Mora, donde las familias han vivido por generaciones cultivando café y respirando aire puro de…

En las verdes colinas de Picagres de Mora, donde las familias han vivido por generaciones cultivando café y respirando aire puro de montaña, una nueva preocupación sacude la tranquilidad comunal. El otorgamiento de permisos de uso de suelo para el Parque Industrial Jateo, un proyecto que contempla la operación de un relleno sanitario, ha encendido las alarmas entre vecinos, organizaciones comunales y autoridades municipales que ven en esta decisión administrativa una amenaza potencial para su calidad de vida, sus fuentes de agua y el equilibrio ambiental de la zona.
La tensión escaló cuando representantes comunales y funcionarios municipales organizaron una gira de campo con diputados de la Asamblea Legislativa para mostrar in situ las preocupaciones que rodean al proyecto. Durante el recorrido por el cantón de Mora, los participantes señalaron una serie de cuestionamientos técnicos, ambientales y administrativos sobre el Parque Industrial Jateo que, según argumentan, no fueron adecuadamente considerados antes de otorgar los permisos correspondientes. La visita legislativa busca llevar estas inquietudes al más alto nivel político y determinar si los procedimientos seguidos cumplen con la normativa ambiental y de ordenamiento territorial vigente en Costa Rica.
Preocupaciones técnicas y ambientales
Los vecinos organizados han documentado múltiples aspectos que consideran problemáticos en la aprobación del uso de suelo para el relleno sanitario. Entre las principales preocupaciones figura la cercanía del proyecto a nacientes de agua que abastecen a comunidades cercanas, la capacidad técnica de la infraestructura propuesta para manejar lixiviados y otros contaminantes, y la idoneidad geológica del terreno seleccionado para soportar una operación de estas características durante décadas. Expertos independientes consultados por las organizaciones comunales han señalado que la zona presenta características de suelo y pendiente que podrían comprometer la seguridad a largo plazo de cualquier instalación de manejo de residuos sólidos.
Además del impacto directo sobre recursos hídricos, existe preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y olores que típicamente generan los rellenos sanitarios, incluso aquellos que cuentan con tecnología moderna de captura de metano. Las comunidades aledañas temen que la calidad del aire se deteriore significativamente, afectando no solo la salud de los habitantes sino también actividades productivas tradicionales como la agricultura y el turismo rural que han comenzado a desarrollarse en la zona. La biodiversidad local, que incluye especies de aves migratorias y mamíferos nativos, también figura entre los elementos en riesgo según los estudios presentados por grupos ambientalistas.
Cuestionamientos administrativos
Más allá de los aspectos técnicos y ambientales, las organizaciones comunales han levantado banderas rojas sobre el proceso administrativo que condujo al otorgamiento de los permisos. Señalan que la participación ciudadana durante las etapas de consulta fue limitada o inadecuada, privando a los vecinos directamente afectados de la oportunidad de expresar sus preocupaciones de manera formal y vinculante. También cuestionan si todas las instancias gubernamentales con competencia en el tema —desde el Ministerio de Salud hasta la Secretaría Técnica Nacional Ambiental— fueron debidamente consultadas y si sus recomendaciones fueron incorporadas en la resolución final.
Otro punto de conflicto radica en la compatibilidad del proyecto con el Plan Regulador Municipal y con las directrices de ordenamiento territorial establecidas para la región. Los representantes municipales que participaron en la gira con los diputados expresaron dudas sobre si el uso de suelo otorgado respeta las zonificaciones establecidas, particularmente aquellas diseñadas para proteger áreas de recarga acuífera y zonas de alto valor ecológico. La falta de transparencia en ciertos pasos del proceso administrativo ha alimentado sospechas sobre posibles irregularidades o conflictos de interés que podrían haber influido en la decisión favorable al proyecto.
Movilización legislativa y comunal
La gira organizada con diputados representa un escalamiento significativo del conflicto, llevando el caso desde el ámbito local y técnico hacia la arena política nacional. Los legisladores participantes, pertenecientes a distintas fracciones políticas, coincidieron en la necesidad de investigar a fondo las preocupaciones planteadas y evaluar si corresponde una intervención legislativa para revisar los permisos otorgados o establecer salvaguardas adicionales. Algunos han anunciado su intención de solicitar comparecencias de funcionarios de instituciones clave y la formación de una comisión especial para analizar el caso Jateo y sus implicaciones para la gestión de residuos sólidos en el país.
Paralelamente, las organizaciones comunales han intensificado sus esfuerzos de movilización social, realizando asambleas informativas, recogiendo firmas para una petición formal y coordinando con grupos ambientalistas nacionales e internacionales que han expresado solidaridad con su causa. Las redes sociales han amplificado el mensaje de los vecinos de Mora, generando una conversación nacional sobre los criterios que deben prevalecer al momento de ubicar infraestructura de manejo de residuos: si deben primar consideraciones técnicas y económicas o si el consentimiento comunitario y la protección ambiental deben tener un peso determinante en estas decisiones.
El futuro del Parque Industrial Jateo
Mientras tanto, los promotores del Parque Industrial Jateo defienden la viabilidad técnica y legal de su proyecto, argumentando que cumple con todos los requisitos establecidos por la legislación costarricense y que incorpora tecnologías de punta para minimizar impactos ambientales. Sostienen que el país enfrenta una crisis en el manejo de residuos sólidos y que proyectos como el suyo son parte necesaria de la solución, especialmente ante el cierre progresivo de rellenos sanitarios obsoletos en otras regiones. Sin embargo, hasta el momento no han logrado persuadir a los vecinos ni disipar las dudas sobre aspectos específicos del diseño y operación planteadas durante la gira legislativa.
El caso de Picagres de Mora se suma a una lista creciente de conflictos socioambientales en Costa Rica relacionados con proyectos de infraestructura y desarrollo que enfrentan resistencia comunitaria. Refleja tensiones más amplias sobre modelos de desarrollo, participación ciudadana en decisiones que afectan territorios locales, y el balance entre necesidades nacionales de gestión de residuos y derechos de comunidades a un ambiente sano. La resolución de este conflicto podría sentar precedentes importantes para casos similares en otras regiones del país y determinar si Costa Rica fortalece o debilita sus mecanismos de protección ambiental y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos de alto impacto.
Fuentes
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Resumen editorial elaborado por MiHispano+ a partir de las fuentes citadas. Enlazamos siempre al medio original.


